El problema de los rellenos sanitarios:
La cantidad de residuos que se genera depende de la coyuntura económica y el nivel de consumo, las decisiones de marketing de las empresas que unilateralmente optan por envasar sus productos en materiales descartables, la falta de información de los consumidores sobre el impacto ambiental de los productos que compran y también del engaño basado en el “marketing verde” de algunos fabricantes que colocan la leyenda como “envase reciclable” en productos cuyo destino no es otro que el enterramiento en algún lugar del país.
El colapso de los rellenos sanitarios operados por la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en el conurbano bonaerense y el rechazo social a la apertura de nuevos mega rellenos, dejan en evidencia la impericia e incapacidad del sector público para adoptar sistemas integrales de gestión de residuos que no generen contaminación y no supongan un derroche de recursos y energía.
Esta situación se verá agravada en los próximos años si avanzan los diversos proyectos de plantas de tratamiento que se proponen, engañosamente, como alternativas ambientalmente viables a los rellenos sanitarios. Bajo el disfraz de la recuperación de energía de los residuos sólidos urbanos (RSU), se evalúan diferentes alternativas de incineración que generarán nuevos problemas a los graves ya existentes: emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de las población, baja recuperación de energía, un irracional derroche de recursos no renovables y emisiones de gases de efecto invernadero, además de altísimos costos económicos que ponen en riesgo los presupuestos comunales.
En lugar de adoptar modelos no contaminantes y cumplir la normativa vigente que los emplaza a desarrollar políticas de minimización en la generación, reciclado y recuperación de materiales para reducir progresivamente el enterramiento de residuos (ley 1854 de Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos de la CABA y ley 13592 de la Provincia de Buenos Aires), las distintas gestiones han profundizado el enterramiento masivo de residuos. El resultado previsible es la saturación de rellenos y la genuina oposición social a la apertura de nuevos sitios de disposición final de RSU, debido a los impactos que ocasionan sobre la calidad de vida de las poblaciones aledañas.
En el 2011 los tres rellenos sanitarios que opera la CEAMSE, que reciben
más de 16 mil toneladas de RSU diarias de la CABA y de otros 33 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), están al borde de su capacidad. Tanto el relleno de González Catán (Partido de la Matanza) como el de Ensenada (Región Capital-la Plata) continúan recibiendo residuos, a pesar de las medidas judiciales que exigen su cierre y las promesas de los sucesivos gobernantes de aplicar esas medidas. Sólo el relleno sanitario de norte iii (Partido de San Miguel) está habilitado, pero con una vida útil estimada en 2 años si se mantiene la tendencia creciente de toneladas de RSU enviadas a entierro 1.
Recordemos que en junio de 2004, la CEAMSE llamó a licitación para la construcción de un nuevo sitio para enterrar la basura de Buenos Aires y el AMBA a través de la técnica de relleno sanitario. Las gestiones de empresas y funcionarios para ofertar terrenos donde depositar esta basura despertaron la firme oposición de vecinos de localidades como Olavarría, 25 de Mayo, Coronel Brandsen, lobos, Punta indio, Tapalqué, Las Flores, General Paz, Roque Pérez, Chascomús, Saladillo, Campana, Zárate o Navarro en la provincia de Buenos Aires. En estos sitios, la movilización de la gente y la sanción de ordenanzas contrarias a la instalación consiguieron detener estos proyectos. A partir de allí y a través del trabajo y presión de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, se logró la sanción, primero en la CABA, de la ley 1.854 conocida como “Basura Cero” (2005), y luego de la ley 13.592 en la provincia homónima (2006). Ambas normas impulsan un nuevo paradigma en materia de gestión de RSU ya que desde aquel momento se ha tornado muy claro que de no mediar un cambio en las políticas vinculadas al problema de la basura estos conflictos seguirán.
A pesar de las leyes existentes y del reclamo de la sociedad civil para su cumplimiento, la situación es peor hoy que en 2004: una cantidad creciente de basura generada y enviada a entierro, registrando un récord histórico, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires en 2010; mega rellenos cuestionados, lo que lleva a los funcionarios a pensar en alternativas aún peores como la incineración; y la inminente saturación de los sitios de disposición final ya existentes. A ello debe sumarse el crecimiento exponencial en la generación y descarte de residuos electrónicos, que en pocos años representará un “boom” de descarte, siendo la fracción más tóxica de la basura que se genera de manera doméstica y que aún no ha encontrado una solución para su gestión diferenciada.
El colapso de los rellenos sanitarios operados por la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en el conurbano bonaerense y el rechazo social a la apertura de nuevos mega rellenos, dejan en evidencia la impericia e incapacidad del sector público para adoptar sistemas integrales de gestión de residuos que no generen contaminación y no supongan un derroche de recursos y energía.
Esta situación se verá agravada en los próximos años si avanzan los diversos proyectos de plantas de tratamiento que se proponen, engañosamente, como alternativas ambientalmente viables a los rellenos sanitarios. Bajo el disfraz de la recuperación de energía de los residuos sólidos urbanos (RSU), se evalúan diferentes alternativas de incineración que generarán nuevos problemas a los graves ya existentes: emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de las población, baja recuperación de energía, un irracional derroche de recursos no renovables y emisiones de gases de efecto invernadero, además de altísimos costos económicos que ponen en riesgo los presupuestos comunales.
En lugar de adoptar modelos no contaminantes y cumplir la normativa vigente que los emplaza a desarrollar políticas de minimización en la generación, reciclado y recuperación de materiales para reducir progresivamente el enterramiento de residuos (ley 1854 de Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos de la CABA y ley 13592 de la Provincia de Buenos Aires), las distintas gestiones han profundizado el enterramiento masivo de residuos. El resultado previsible es la saturación de rellenos y la genuina oposición social a la apertura de nuevos sitios de disposición final de RSU, debido a los impactos que ocasionan sobre la calidad de vida de las poblaciones aledañas.
En el 2011 los tres rellenos sanitarios que opera la CEAMSE, que reciben
más de 16 mil toneladas de RSU diarias de la CABA y de otros 33 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), están al borde de su capacidad. Tanto el relleno de González Catán (Partido de la Matanza) como el de Ensenada (Región Capital-la Plata) continúan recibiendo residuos, a pesar de las medidas judiciales que exigen su cierre y las promesas de los sucesivos gobernantes de aplicar esas medidas. Sólo el relleno sanitario de norte iii (Partido de San Miguel) está habilitado, pero con una vida útil estimada en 2 años si se mantiene la tendencia creciente de toneladas de RSU enviadas a entierro 1.
Recordemos que en junio de 2004, la CEAMSE llamó a licitación para la construcción de un nuevo sitio para enterrar la basura de Buenos Aires y el AMBA a través de la técnica de relleno sanitario. Las gestiones de empresas y funcionarios para ofertar terrenos donde depositar esta basura despertaron la firme oposición de vecinos de localidades como Olavarría, 25 de Mayo, Coronel Brandsen, lobos, Punta indio, Tapalqué, Las Flores, General Paz, Roque Pérez, Chascomús, Saladillo, Campana, Zárate o Navarro en la provincia de Buenos Aires. En estos sitios, la movilización de la gente y la sanción de ordenanzas contrarias a la instalación consiguieron detener estos proyectos. A partir de allí y a través del trabajo y presión de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, se logró la sanción, primero en la CABA, de la ley 1.854 conocida como “Basura Cero” (2005), y luego de la ley 13.592 en la provincia homónima (2006). Ambas normas impulsan un nuevo paradigma en materia de gestión de RSU ya que desde aquel momento se ha tornado muy claro que de no mediar un cambio en las políticas vinculadas al problema de la basura estos conflictos seguirán.
A pesar de las leyes existentes y del reclamo de la sociedad civil para su cumplimiento, la situación es peor hoy que en 2004: una cantidad creciente de basura generada y enviada a entierro, registrando un récord histórico, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires en 2010; mega rellenos cuestionados, lo que lleva a los funcionarios a pensar en alternativas aún peores como la incineración; y la inminente saturación de los sitios de disposición final ya existentes. A ello debe sumarse el crecimiento exponencial en la generación y descarte de residuos electrónicos, que en pocos años representará un “boom” de descarte, siendo la fracción más tóxica de la basura que se genera de manera doméstica y que aún no ha encontrado una solución para su gestión diferenciada.
1Greenpeace (2008) “Casos de contaminación en los rellenos sanitarios del conurbano” en “Impactos de los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los rellenos sanitarios del conurbano bonaerense”. (pág. 5). Buenos Aires. http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2008/10/impacto-de-los-residuos-de-la.pdf
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